La marcha realizada el miércoles 3 de Junio contra la violencia de género y los constantes casos de femicidio en Argentina ha sido un éxito total en su convocatoria. Cientos de miles de ciudadanos mujeres y hombres se han movilizado para participar demostrando su apoyo, no sólo en la plaza de los Dos Congresos sino en todas las capitales de provincia y en miles de ciudades en todo el país.
Este marco auspicioso de acompañamiento masivo a una causa urgente, que pone el foco de la opinión pública en un problema social muchas veces invisibilizado o "normalizado" como algo cotidiano e inmodificable, es la oportunidad perfecta para ver el estado del problema, lo que se ha hecho bien, mal y lo que falta y puede hacerse.
El peligro real de este tipo de convocatorias es que por su carácter difuso y abierto (que permitió que se subieran todas las expresiones políticas, mucho para bien y también algo para mal) en cuanto rechazo de una situación (ni una menos, basta de femicidios) muchas veces al movimiento que se genera le cuesta pasar a la fase propositiva concreta o programática. Para decirlo en criollo: el que mucho abarca poco aprieta.
“Ni una menos” tiene cinco reclamos puntuales:
- La implementación, con recursos y monitoreo, del Plan Nación de Acción para la Prevención, la Asistencia y la Erradicación de la violencia contra las mujeres, que establece la Ley 26.485.
- Garantizar el acceso de las víctimas a la Justicia, algo para lo cual debe haber personal idóneo y capacitado para recibir las denuncias, pero también algún mecanismo judicial que no revictimice a las víctimas, y también que ellas puedan disponer de patrocinio jurídico gratuito durante todo el proceso judicial.
- La elaboración de un Registro Oficial Único de víctimas de violencia contra las mujeres, porque “sólo dimensionar lo que sucede permitirá el diseño de políticas públicas efectivas”.
- Garantizar y profundizar la Educación Sexual Integral en todos los niveles educativos, en todo el país, y que se capacite y sensibilice a docentes y directivos al respecto.
- Garantizar la protección de las víctimas de violencia con monitoreo electrónico de los victimarios, “para asegurar que no violen las restricciones de acercamiento que les impone la Justicia”.
¿A quién le habla el 3J?
La marcha fue una interpelación de la sociedad civil al estado, demandándole que accione para prevenir y castigar estos delitos. Que haga algo que no está haciendo, y si lo esta haciendo (mal), que lo haga infinitamente mejor. ¿A dónde debe apuntar el movimiento del 3J? Aquí se abre una discusión fundamental que hace al diagnostico de la situación y necesita a toda costa esquivar y evitar las mezquindades políticas que se verán en estos días donde la oposición dirá que todo es culpa del gobierno; el ejecutivo dirá que es culpa de la justicia, y algunos idealistas dirán que es todo culpa de "la cultura", lo que es tirar la pelota sin quererlo, a la tribuna. Los tuits de la presidenta no ayudaron en ese sentido.
La marcha fue una interpelación de la sociedad civil al estado, demandándole que accione para prevenir y castigar estos delitos. Que haga algo que no está haciendo, y si lo esta haciendo (mal), que lo haga infinitamente mejor. ¿A dónde debe apuntar el movimiento del 3J? Aquí se abre una discusión fundamental que hace al diagnostico de la situación y necesita a toda costa esquivar y evitar las mezquindades políticas que se verán en estos días donde la oposición dirá que todo es culpa del gobierno; el ejecutivo dirá que es culpa de la justicia, y algunos idealistas dirán que es todo culpa de "la cultura", lo que es tirar la pelota sin quererlo, a la tribuna. Los tuits de la presidenta no ayudaron en ese sentido.
Hay cosas que puede hacer la sociedad civil y cosas que debe hacer el estado. El "estado" son los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Además, vivimos en un régimen federal por lo que cada provincia tiene sus tres poderes. Nación necesita articular con las provincias y los municipios.
De donde venimos
Argentina no es, a pesar de este momento sensible y doloroso que estamos viviendo, un mal lugar para que viva una mujer. No es una sociedad islámica ni confuciana, no hay intolerancia religiosa. Si bien la iglesia católica mete el hocico en cosas que no le corresponden, sumar en esta discusión cuestiones como el derecho a la interrupción del embarazo no conviene ni a la lucha contra el femicidio ni a lo primero, porque mezcla todo y de nuevo: el que mucho abarca poco aprieta. Vivimos en una sociedad con estado laico (la educación pública y los requisitos para hacer política lo prueban) que tiene una Presidenta, juezas, legisladoras, intendentas, empresarias, grandes periodistas. Mujeres empoderadas. Y sin embargo aberrantes crímenes como los sucedidos con inusual frecuencia en los últimos meses y cuestiones de género que en pleno siglo XXI no se pueden tapar como el sol con un dedo nos vienen a demostrar que es urgente y necesario generar una agenda pública en la cuestión. Realizar el diagnóstico, construir propuestas de políticas públicas, generar la densidad social y política para poder realizarlas y saber dónde se da la disputa, para poder ganarla.
En el caso del Poder Legislativo, en el año 2012, la Argentina sancionó la Ley 26.791, incorporando entre sus supuestos la figura del homicidio de una mujer, cometido por un hombre, en un contexto de violencia de género, que puede ser de cualquier tipo. Si bien el femicidio no es una figura penal, se lo considera un agravante y la pena siempre es prisión perpetua. Sabemos que la mayoría de los casos de violencia de género en general y femicidios en particular se dan en el ámbiente familiar por una pareja, ex pareja, padre, etc.
En el caso del ejecutivo, se han realizado políticas públicas brillantes, otras opacas, y otras oscuras. El caso del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación es ejemplo de una política pública impecable, que en los pocos años en que se ha puesto en marcha ha logrado rescatar miles de mujeres de las garras de la mafia, donde se mezcla crimen organizado con violencia de género, prostitución forzada y reducción a la servidumbre. El infierno.
Si esos son los casos más extremos, volvamos un poco para atrás. La creación en su momento de la Comisaria de la Mujer fue un paso importantísimo que, lamentablemente y como la mayoría de las políticas públicas, puede haber tenido un gran diseño pero depende siempre de su implementación local. En todo el conurbano bonaerense hay casos de comisarias de la mujer que funcionan excelente y otras que no, y algunas se han transformado más en parte del problema que de la solución.
El gobierno nacional tomó una medida, inesperada en su momento, con el programa cooperativo Ellas Hacen, cuando apuntando al universo de las mujeres desocupadas hizo foco, entre otros sub universos, al de mujeres que sufren violencia de género. Lamentablemente el poder ejecutivo en este caso no ha logrado estar a la altura de la demanda que convocó, ofreciendo soluciones insuficientes. Es positivo incluir este sector social en una política pública que le posibilita contar con medios materiales (sabemos que uno de los principios de la violencia de género es el aislamiento social de la mujer por parte de la pareja de su familia, amigos y vecinos y el manejo del dinero que la hace dependiente de él), un dinero destinado a la mujer vulnerable que aumenta sus niveles de autonomía y a su vez le pide como contrapartida obligatoria el finalizar sus estudios primarios o secundarios. Pero esto solo no resolverá la situación de violencia cotidiana en que se ve envuelta la víctima, e incluso puede agravarla ante la inseguridad que siente su "pareja" por el statu quo amenazado. Es parte del programa Ellas Hacen la Secretaria de la Mujer que debe desplegar acciones y estrategias para atender la problemática. Lamentablemente este organismo cuenta con poca estructura territorial (recurso humano) y una concepción netamente liberal del problema que hace que priorice "talleres" a una política de sistemática organización de las mujeres, de recreación de los lazos sociales. Ninguna mujer que este sufriendo situaciones de violencia necesita que le vengan a contar cómo es el asunto. A su vez, los casos más comprometidos necesitan directamente: una casa segura a la que poder trasladarse con sus hijos con urgencia y un buen abogado, médico y psicólogo. Sin embargo, la mayoría de las mujeres están en el momento previo y es ahí donde es perentorio crear grupos porque nadie entiende mejor a una victima de la violencia de género que otra que la padece o padeció. La unidad hace a la fuerza, a la confianza, a la solidaridad y se han visto casos de mujeres alojando a otras mujeres o encarando "en banda" al machito que huye como el cobarde que es. La información, la experiencia, la unidad, fortaleza y esperanza que transmiten las mujeres que ya han logrado superar esta situación hace de faro para las demás. Es por ahí. Basta de talleres.
Solo la organización social de las víctimas y militantes de esta causa ciudad por ciudad permitirá controlar al juez que no hace respetar la orden de restricción, al comisario que no toma la denuncia o suelta al cobarde de turno al otro día. Es la sociedad civil la que construye la accountability horizontal, el control social sobre los órganos del estado. Por eso es impúdico cuando funcionarios del estado se solidarizan con una causa que mal sirven. El gobierno de CABA como el de las Provincias tienen que hacer su parte, los municipios también. Será con el botón antipánico y casas seguras para alojamiento urgente de víctimas, pulseras magnéticas para los acosadores, crear la figura de "Lesiones familiares" y todas las medidas que hagan falta.
La sociedad argentina se caracteriza por organizarse desde la tragedia. Las victimas se transforman en militantes de una causa y generan la conciencia social que con gobiernos receptivos se transforman en programas o políticas públicas que se cristalizan en agencias del estado. Si esas agencias están llenas de militantes de esas causas, la cosa camina. Pasó con las Abuelas de Plaza de Mayo y la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), con el caso Carrasco y el fin del servicio militar, con Susana Trimarco y la trata.
La cultura patriarcal existe, pero las nuevas generaciones argentinas están cada vez menos influenciadas por ella. El poder de convocatoria de la marcha y la masiva presencia de la juventud lo demuestra. Los debates sobre el rol de los medios son necesarios, pero la construcción social de políticas públicas y el control sobre su aplicación lo son más. No perdamos esta oportunidad, la gravedad del problema y esta fuerza social que se ha generado merece que seamos efectivos.
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